La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, se reservó para este martes, a las 10:00 de la mañana, el fallo de medida de coerción contra los 20 señalados por corrupción en la Operación Calamar.
Romero tomó la decisión luego de que los exfuncionarios, ciudadanos imputados y sus representantes legales, así como el Ministerio Público, presentaron sus alegatos en el proceso que se inició el pasado 18 de marzo con el apresamiento del grupo.
El Ministerio Público terminó de leer el extenso expediente acusatorio de 2,120 páginas a través del cual pide arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país contra los 14 encartados que admitieron responsabilidad de los cargos.
Para seis de los restantes acusados, el organismo persecutor de la corrupción pidió 18 meses de prisión preventiva. También solicita a la jueza Romero declarar el caso complejo, por el supuesto desfalco de más de 19,000 millones de pesos contra el Estado dominicano.
Quién negoció y quién no
Los que negociaron con el Ministerio Público, para quienes se pide una medida menos gravosa son: Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Luis Omar Fernández Figueroa, Yajaira Brito Encarnación, Ramón David Hernández y Claudio Silver Peña.
Los que no negociaron y para los cuales el órgano acusador solicitó prisión preventiva de 18 meses son: los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. También, contra el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi, exasesor del exministro de Hacienda.
JUSTICIA
Principales imputados en Operación Calamar presentan elementos para demostrar que no huirán del país
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los apresados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
“La jueza se retiró a deliberar hasta mañana, (hoy martes) a las 10 de la mañana. Debido a la contundencia de las pruebas que soportan esta solicitud de medida de coerción, catorce de los imputados han acordado con el Ministerio Público la medida de coerción a imponer”, manifestó al salir anoche del Palacio de Justicia, la procuradora fiscal Rosa Alba García.
Entiende que son contundentes las pruebas y que están todas las condiciones dadas para que la jueza acoja la solicitud incoada por el órgano persecutor respecto de los seis imputados que no llegaron a negociar una salida menos gravosa.
Seguridad extrema
Todas las audiencias realizadas desde mediados de marzo son a puertas cerradas en el Palacio de Justicia, lugar que ha sido vigilado a lo interno y externo por agentes de la Policía Nacional y del Ejército para prevenir la concurrencia de activistas que han estado protestando y alegando la inocencia de algunos de los apresados.
A lo interno y externo el tribunal está fuertemente resguardado por miembros de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo, que incluso prohíben a la prensa acercarse a la puerta de la sala en donde se lleva a cabo el proceso contra los imputados.
Pareja imputada
La pareja de esposos Yajaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández, confesos culpables, figuran en el amplio expediente elaborado por el Ministerio Público con acusaciones que incluyen estafar al Estado con más de 500 millones de pesos, a través de la usurpación de la personería jurídica de varias razones sociales para hacerse pasar como propietarios de terrenos.
Durante las audiencias Yajaira ha dicho “estar en victoria” y que “nunca perderé una batalla, Jehová nunca ha perdido. Estamos en victoria en el nombre de Jesús”.
El órgano persecutor sigue representado por la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso y el procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
