La creación de un Instituto Nacional sobre Cambio Climático (INCC), como órgano estatal que se encargue de formular, diseñar y ejecutar políticas públicas sobre el tema en la República Dominicana, fue propuesto mediante un proyecto de ley sometido en la Cámara de Diputados.
La iniciativa plantea que el calentamiento global es un fenómeno que afecta a todas las naciones del mundo, y los grupos vulnerables son los más expuestos a sus efectos adversos debido a la poca capacidad de adaptación a sus impactos.
Hace hincapié en que la República Dominicana es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, conforme a los resultados de estudios que contienen escenarios climáticos a futuro con evidencias de aumento considerable en la pérdida del territorio, afectación de cuencas hídricas e incremento de la inseguridad alimentaria.
En ese contexto, el Instituto Nacional sobre Cambio Climático tendría como objetivo supervisar la ejecución de las políticas públicas necesarias para la prevención y mitigación de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático.
Además, promover el desarrollo de programas, proyectos y estrategias de acción climática relativos a los compromisos asumidos por el país en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los instrumentos derivados de ella, incluyendo el Acuerdo de París, entre otros.
Según la propuesta, el organismo estará integrado por un consejo directivo y una dirección general, así como tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
Cómo se financiaría
Se manejaría con fondos asignados anualmente por la Presidencia de la República en la Ley de Presupuesto General del Estado; del 10 por ciento de la recaudación efectiva obtenida cada mes, por concepto de tasas y los tributes obtenidos de leyes e impuestos al carbono y los denominados impuestos verdes, presentes y futuros, recaudados por la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos. También por el 50 por ciento de la recaudación efectiva obtenida cada mes por concepto de las multas y sanciones propuesta en el proyecto de ley.
De igual modo, se financiaría de las fuentes de ingresos propios provenientes de la enajenación o cualquier otra forma de disposición de los bienes de su propiedad, de acuerdo a la normativa vigente, así como de la prestación de servicios, previa aprobación de los órganos correspondientes.
El proyecto de ley de la autoría del legislador Juan Agustín Medina Santos, fue enviado en la sesión de este martes, a la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
