Normalización de la discriminación v sus consecuencias judiciales

Por Tahira Vargas

Las prácticas discriminatorias deben tener sanciones legales

En distintos estudios que hemos realizado con poblaciones vulnerables (ODH/PNUD/MEPyD 2011) (Vargas/ONUSIDA 2012) (Vargas/ONE 2016) se identifican múltiples prácticas discriminatorias sufridas por muchas personas en silencio y que han provocado su exclusión del ámbito laboral, educativo, familiar, social y en varios casos intentos de suicidio.

La investigación sobre deserción escolar (ONE/Vargas 2016) muestra como una de sus causas la discriminación vivida por niños, niñas y adolescentes en centros educativos por: afrodescendientes, orientación sexual (LGTBI), pobreza extrema, discapacidad, migrantes, madres adolescentes/ adolescentes activas sexualmente, hijos/hijas trabajadoras sexuales.
“Yo dejé la escuela cuando estaba en 6to curso. No volví más. El profesor todos los días me daba cocotazos y me decía maricón.

Todos los días mis compañeros se burlaban de mí, me empujaban, se agrupaban para darme golpes. Un día se combinaron y me empujaron desde la escalera y me di un golpe en la cabeza. Nadie hizo nada. Me lo merecía, dijo la directora. Me fui y tuve mucho miedo de volver a estudiar. No quería volver a sufrir lo mismo”. (Vargas/ONUSIDA 2012)
Familias, instituciones, comercios y empresas ejercen continuamente discriminación y exclusión hacia personas con perfiles diversos sin estipular las graves consecuencias que tienen para sus vidas.

Sufrir la discriminación en centros de salud es parte del dolor y la desesperación de muchas personas viviendo con VIH, en situación de calle, usuarias de drogas, migrantes, trabajadoras sexuales y personas LGTBI sobre todo mujeres trans. Los relatos de burlas, humillaciones, negación a ofrecerle servicios son continuos.

Se han dado casos de muerte por falta de atención de personas usuarias de drogas, mujeres trans y en situación de calle en centros de salud. En algunos casos tienden a ser excluidos de estos centros por su apariencia física, su vestimenta o por su condición.

(Vargas/ONUSIDA 2012)
Las prácticas discriminatorias deben tener consecuencias y sanciones legales. Nuestra Constitución condena la discriminación y la exclusión hacia las personas por ser diferentes en su identidad étnico-racial, sexual, condición social-económica, religión, entre otras.

La ausencia de un régimen de consecuencias contra las múltiples prácticas discriminatorias en empresas, comercios, centros educativos, universidades, centros de salud, sistema de justicia y policía nacional ha generado su normalización y con ello la desigualdad y exclusión social.

Resulta de gran importancia la aprobación de una ley de igualdad y antidiscriminación como la sometida a la Cámara de Diputados por el congresista Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil.

De esta manera podemos establecer garantías hacia el respeto a los derechos de todas las personas independientemente de su perfil o condición en una sociedad que se define constitucionalmente como democrática.